La “urgencia” dejó de ser un recurso extraordinario para convertirse en la regla con la que las municipalidades evitan la competencia y ocultan la transparencia. Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) evidencian que el 90% de las comunas recurrió de manera sistemática a las contrataciones por excepción en los últimos cinco años; el 33% de ellas concentró sus adjudicaciones directas entre 2025 y agosto de 2026.
Bajo la figura legal de la emergencia, diversos intendentes justificaron desde el arreglo de caminos y la perforación de pozos artesianos hasta la compra de equipos informáticos, la contratación de consultorías e incluso el financiamiento de centros de eventos, como el caso en Villa Oliva.
Mariano Roque Alonso lidera el listado de compras por excepción con G. 49.858 millones distribuidos en 8 contratos solo en lo que va del año. La intendenta Carolina Aranda (PLRA) -cuyo esposo, el diputado Marcelo Salinas, aspira a sucederla en el cargo- destinó G. 43.017 millones bajo este mecanismo para la adquisición de un inmueble destinado al alcantarillado sanitario.
Lea más: Entes utilizan argumento de “urgencia” para festín de compras sin competencia
En segundo lugar se ubica San Lorenzo, administrada por el intendente Felipe Salomón (ANR, cartista) -quien busca la reelección-, la comuna destinó más de G. 8.163 millones entre 2025 y 2026 amparándose en la emergencia para reparaciones de escuelas, empedrados y arreglo de puentes.
En el siguiente cuadro adjunto se observa en detalle la cantidad de contratos por vía de la excepción entre 2025 y agosto de este año.