23 de diciembre de 2025
En nuestro país, después de la violencia familiar, los hechos punibles contra la propiedad son los más frecuentes. Según datos del Ministerio Público, difundidos por la prensa, entre enero y septiembre de este año se denunciaron 58.230 casos de hurto y de robo, la gran mayoría de ellos cometidos en la capital y en el departamento Central. Si además se estima que solo se reportaría formalmente el 30% de dichos delitos, resulta que es considerable el riesgo diario de resultar víctima, con o sin el uso de la fuerza. Los asaltos callejeros, muchas veces bajo el influjo de la drogadicción, inciden en la constante “sensación” de inseguridad, que, ante la indefensión, puede inducir a las víctimas o a terceros a reaccionar haciendo “justicia por mano propia”. Tras un reciente atraco a una mujer en Asunción, intervino un repartidor a domicilio, que persiguió a los motoasaltantes y ultimó a uno de ellos. Los órganos competentes deben actuar, para evitar estos extremos.

Es sabido que los agentes policiales paraguayos actúan del lado del bien y del mal, tanto que el neologismo “polibandi” ya se ha incorporado al vocabulario nacional. En los últimos días, algunos nuevos hechos pusieron de manifiesto que los delincuentes de uniforme son una lamentable realidad. En Canindeyú, tras haber cerrado la comisaría para salir a vender 286 kilos de droga, cuatro suboficiales fueron detenidos por miembros de la Armada. En Asunción, tres suboficiales armados pertenecientes nada menos que a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, vestidos de civil, habrían intentado arrancar veinte millones de guaraníes al conductor de un vehículo que detuvieron. En Yby Pytã, también en Canindeyú, un suboficial, buscado por un intento de homicidio al asaltar en banda una estación de servicios, fue muerto a tiros por dos encapuchados en aparente ajuste de cuentas. La ciudadanía espera que el Gobierno aborde con toda decisión la limpieza de la casa infectada, para que no siga pareciéndose a un vulgar aguantadero.

La incidencia delincuencial que trastorna todo orden financiero posee una vinculación (indudable) con los grupos de ciberdelincuencia organizada, y que pueden determinarse (indistintamente) en nodos, híbridos “agrupados” o híbridos “extendidos”. Ante ello, estos métodos resultan a partir de una categoría de sucesos fraudulentos tanto en línea como fuera de la misma, emprendiendo “injustos” criminales que afectan los parámetros económicos.

La delincuencia juvenil es una realidad en nuestro país, así como en cualquier otro. Pero la diferencia en Paraguay radica en que aquí, los menores infractores ingresan al sistema penal y nunca más vuelven a ser los mismos. Así, esos delitos que fueron consecuencia de una vida de desprotección, dejan en el historial de los jóvenes una marca de por vida.
Tras la declaración de “emergencia departamental” por inseguridad en Itapúa, a fines de abril pasado, la Dirección de la Policía Nacional en el departamento lanzó el operativo “Itapúa segura”, que entre los meses de abril y junio casi duplicó el número de detenciones y aprehensiones de personas, por distintas causas: órdenes de captura por casos de robo, abuso de menor, hurto, entre otros. En este periodo “sacó de circulación” a 589 personas, superando las 254 de los tres primeros meses del año.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, señaló este domingo que la delincuencia “tiene las horas contadas” en el país, y anunció que ha dispuesto intensificar las labores operativas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, tanto a nivel del Ejecutivo como policial.