Hace dos años el político liberal Enrique Salyn Buzarquis dilata la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si afronta o no juicio oral por un perjuicio de US$ 600.000 al patrimonio del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, la diligencia hasta ahora no se puede hacer debido a los incidentes dilatorios planteados por el exministro y sus abogados y la complacencia de la jueza Griselda Caballero. La magistrada no aplicó ninguna sanción a Buzarquis y a sus defensores pese a que la ley le habilita.