Dirigentes de un gremio de jubilados de los bancos solicitan al Ministerio Público celeridad para imputar a los responsables de un supuesto desfalco estimado en unos G. 401.300 millones, perpetrado a través del montaje de una “financiera” que estaba encargada de conceder préstamos ventajosos a los asociados del Centro de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, que habría sido perjudicada patrimonialmente.