Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz, acusado por narcotráfico y otros delitos, presentó una denuncia contra el Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta violación de sus derechos. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas corpus a su favor, tras precisar que no se ha cumplido aún el plazo máximo de duración de la prisión.
Ana Morra y Dante Leguizamón, viuda e hijo del periodista Santiago Leguizamón, asesinado hace 31 años por la mafia fronteriza, declaran hoy ante la Corte Interamericana de DD.HH. que definirá las medidas de reparación contra el Estado.
El Estado paraguayo aún tiene una gran deuda con los paraguayos. La Salud Pública del país no se asemeja ni siquiera al 2% de los servicios prestados en los países del primer mundo. Ni siquiera es necesario salir del continente americano para ver la realidad. Con observar la atención en Brasil y Argentina, ya es suficiente.
El 22 de diciembre de 2012, la CIDH recibió una demanda planteada contra el Estado paraguayo por el hoy senador Fernando Lugo (FG), porque habría sido destituido de la Presidencia de la República mediante un juicio político arbitrario y sumario, supuestamente en violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. La CIDH comunicó ahora a las partes la admisión de la demanda. El demandante fue destituido el 22 de junio de 2012 por mal desempeño de sus funciones, formulada por la Cámara de Diputados. Llama la atención esta demanda atendiendo a que el propio Lugo dijo en la ocasión: “Me someto a la decisión del Congreso...”, y luego prometió “servir a nuestra nación allí donde me necesiten”.
El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, sexta sala, solicitó al Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (CAMP) los antecedentes del laudo arbitral que condenó al Estado a pagar unos US$ 10 millones a la firma EDB Construcciones, por supuestos sobrecostos de obras realizadas en el año 1997.
En esta edición de Enfoque Económico hablamos acerca de la transformación del Estado, la ley de suministros y las compras públicas.