La semana pasada dos instituciones dependientes de la administración central nos dieron muestras bastante significativas de cómo reaccionar frente a un mismo hecho: la sospecha de fraude y corrupción en un proceso. Por un lado la Comandancia de la Policía Nacional ordenó la anulación de las pruebas realizadas a todos los estudiantes que aspiran a ingresar al Instituto Superior de Educación Policial, ante la sospecha de que se habían vendido los exámenes. Por el otro, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que sigue capitaneando un barco que hace aguas por todos lados: la licitación del aeropuerto.