9 de febrero de 2026
De acuerdo a los lineamientos internacionales, hemos de graficar todo lo que se representa en materia de negociaciones y de actividades diversas concernientes a los funcionarios públicos; pues bien, la referencia inmediata la encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dimensiona la gravedad y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades financieras, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.



A seis meses de su promulgación, el miércoles 16 de julio entró en vigencia la Ley 7445/2025 “de la función pública y del servicio civil”. En teoría esta debería ser la gran piedra angular de la postergada reforma del Estado, pero la normativa que se terminó aprobando deja tantos resquicios para evadirla que, conociendo a nuestra clase política, intrínsecamente viciada de clientelismo, abusadora consuetudinaria de los recursos estatales, existe el fundado temor de que solo sea un cambio para no cambiar nada, apenas para intentar conformar a las calificadoras de riesgo, y que, en la práctica, una vez más, se vuelvan a frustrar las esperanzas de la ciudadanía.

La Ley del Servicio Civil entró en vigencia ayer y ya genera fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en Derecho Laboral. El abogado Jorge Luis Bernis criticó duramente la normativa, al considerar que convierte al funcionariado público en “rehén” del poder político de turno, al centralizar la administración estatal y “avasallar” la autonomía de diversas instituciones.