gases de efecto invernadero

En Latinoamérica y el Caribe (LAC) se estima que un 38% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proviene del cambio en el uso de la tierra (principalmente por la deforestación), un 20% de la agricultura y silvicultura, un 16% de la industria, y un 13% de los sistemas energéticos en general.

Lo que no se mide no se entiende. Y sin entendimiento no existe posibilidad de cuidar lo que nos rodea. Como su nombre lo indica, el cero neto apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para acercarlas al valor más próximo posible a la neutralidad de carbono. Y según lo estipulado por el Acuerdo de París esos esfuerzos deben estar acompañados por la limitación de los aumentos globales de la temperatura a no más de 1.5 °C para que el planeta sea un lugar habitable.

En el boletín de la Unión de Gremios de la Producción se destaca una información en donde el biólogo Jorge Martínez Trabuco, exdirector de cambio climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y especialista ambiental, destaca que las emisiones de metano vinculadas al sector ganadero registran niveles de reducción que seguirán con la tendencia a la baja en los próximos años.

La movilidad eléctrica es una tecnología que busca mejorar la conectividad física mediante la incorporación e integración de nuevas tecnologías y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Ejemplos de éxito de este tipo de transporte sustentable, que a la vez promete generar una verdadera revolución en la industria automotriz, son los casos de China (líder mundial en producción de vehículos eléctricos), Noruega (país con mayor porcentaje de estos vehículos) y Alemania (que cuenta con un plan integrado para masificar la electromovilidad en todo el territorio). En los tres países, la expansión del mercado de automóviles, buses, motos y scooters eléctricos permitió reducir considerablemente la contaminación ambiental.

Con la reciente promulgación de la ley de Créditos de carbono, Paraguay ya cuenta con una normativa que regulará la comercialización de los certificados, lo que dará mayor seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en nuestro país, así como garantizará su libre comercialización en el mercado voluntario, y otorgará transparencia a las transacciones. Aunado al hecho, de potenciar el crecimiento de la economía con la atracción de inversionistas abocados a proyectos de sostenibilidad, enfatizaron en su momento desde el Gobierno nacional.