El domingo 17 de este mes venció el plazo para la reglamentación de la ley de Tragamonedas, normativa que surgió en el Congreso con la intención de frenar el plan del Ejecutivo de “regularizar” esas máquinas hasta en los sitios de libre acceso. El hecho evidencia el nulo interés del Ejecutivo en proteger a niños y adolescentes de la adicción a las apuestas (ludopatía).

En comercios de libre concurrencia se encuentran varias máquinas, a disposición de la gente.

Tragamonedas: municipios permiten explotación clandestina

$La ley de tragamonedas estipula la destrucción de esas máquinas que funcionan en las calles y comercios no exclusivos de juegos de azar, gestión a cargo de municipios. Los infractores deberán pagar un salario mínimo por cada tragamonedas de multas, y esos recursos que deberán ser destinados a un fondo para niños y adolescentes adictos a las apuestas (ludopatía).$

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En enero, la fiscala María Estefanía González allanó la oficina de Conazjar e incautó varias evidencias.

Abdo no mencionó nada de juegos de azar

Los tragamonedas en las calles están prohibidos. Los municipios son los responsables de incautar, destruir y aplicar la multa de un salario mínimo por cada máquina a los responsables de su explotación.

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Los tragamonedas que esten en las calles y comercios no exclusivos de juegos de azar deberán ser destruidos. Los responsables de estas máquinas deberán pagar la multa de un salario minínimo, y en caso de reincidencia, aumenta.

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