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La titular interina de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), María Galván, informó que existen 23.000 máquinas tragamonedas censadas, que funcionan en despensas, bares y otros comercios no exclusivos de juegos de azar, según le reportó la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu. Evitó indicar cuántas de estas pagan canon y la recaudación correspondiente.
Las declaraciones las brindó este mediodía, después de una reunión mantenida con la senadora Esperanza Martínez e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba), quienes recurrieron a la legisladora para que la autoridad de regular los juegos de azar atienda sus reclamos.
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Galván recordó que la legalidad del contrato firmado con iCrop es investigado por la Fiscalía, mientras tanto sigue vigente el acuerdo. Al ser requerida sobre el impacto que tendría la promulgación de la ley de tragamonedas sancionada la semana pasada, contestó que se analizará y tras la insistencia si implicaría en una anulación, respondió que sí.
A mediados del año pasado, senadores denunciaron la creación de una estructura para obtención ilícita de recursos y lavado de dinero con la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos, además de la adjudicación de la quiniela a una firma que sería morosa del fisco y la reducción del canon a concesionarias en pandemia.
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Quiniela: suman irregularidades
Alicia Gutiérrez, vocera de los trabajadores, afirmó que la empresa explotadora de la quiniela, Technologies Development of Paraguay SA (TDP), cuyo directivo es Álvaro Wasmosy Carrasco, reporta inconvenientes con la máquina que es para levantar las apuestas de manera electrónica, con montos superiores a lo que son cargados, y los quinieleros se ven forzados a pagar esas cifras. “Nos están robando”, denunció.
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Precisó además, que los trabajadores son obligados a levantar apuestas por G. 200.000 por día, caso contrario, serán desvinculados de la empresa. “Si no hiciste apuestas por ese monto, nos obligan a pagar de nuestro bolsillo. Hay gente que opta por devolver la máquina, que es nuestra herramienta de trabajo”, dijo.
Por otra parte, comentó que también se les obliga a vender un nuevo juego conocido como “raspadita”, y deben pagar de su bolsillo el valor correspondiente de los cartones que se les entrega. Esto último se trata de un nuevo juego, adjudicado de manera directa.
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Con relación a las denuncias, la titular interina de Conajzar, afirmó que se verificarán los aspectos citados y se comprometió a convocar a los integrantes del sindicato a una reunión con los demás miembros de la comisión, que son Alma Muhr Riera, representante del Ministerio de Interior; César Romero Roa, de la Diben; Rubén Rousillón Blaires, de las gobernaciones, y Ricardo Núñez Giménez, de los municipios.
