Ing. Germán Escauriza

Es insólito que la institución que será auditada marque pautas a quienes le fiscalizarán, afirma el Ing. Germán Escauriza. Agrega que la Contraloría General de la República (CGR) no necesita de ninguna comisión asesora.

“El proyecto de financiamiento de la central hidroeléctrica del Aña Cua es inconstitucional y violatorio del Tratado de Yacyretá”, reiteró ayer el Ing. Germán Escauriza, director de la Fundación Sociedad y Desarrollo, integrante, en carácter de consultor, de la Comisión de Deudas, del equipo que negoció en los años 2008/2009 con Brasil los reclamos paraguayos en Itaipú.

Las obras previstas sobre el brazo Aña Cua del río Paraná no son necesarias ni convenientes para los intereses paraguayos, aseguró el ingeniero Germán Escauriza, técnico del sector eléctrico. Según destaca, no existen exigencias técnicas ni necesidades energéticas para el mercado paraguayo que justifiquen la construcción de la nueva central.

El ingeniero Germán Escauriza elaboró una guía para comprender el manejo jurídico y administrativo del tratado de Yacyretá y de la entidad binacional constituida para su aplicación. Respecto a la decisión que tomó el Consejo de Administración de la EBY, señaló que Yacyretá “es la empresa alter ego de los estados paraguayo y argentino, a la que se le otorgó la concesión para la construcción de las obras en condominio y operar de conformidad a las disposiciones del tratado”. Por consiguiente, “no es posible que los administradores de una empresa concesionaria puedan atribuirse poderes superiores a la de sus mandantes y modificar las obras en condominio sin autorización de ambos propietarios”, explicó Escauriza.

Tanto el tratado de Itaipú como el de Yacyretá le confieren a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) la responsabilidad de supervisar las cuentas de ambas binacionales en representación del Estado paraguayo, para lo cual incluso percibe una asignación; sin embargo, el ente estatal nunca ejerció esta función, asegura el Ing. Germán Escauriza.