1 de enero de 2026

Los cartistas y aliados aplicaron ayer la “ley del oparei” para siete intendentes (tres cartistas y cuatro opositores), sobre quienes pesan graves denuncias de supuestos hechos de corrupción. Fue justo en el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Solo queda una sesión ordinaria y los casos ya no se tratarán en este periodo, con lo cual quedarán impunes.


Senadores de la oposición alzaron la voz contra la corrupción y el uso clientelista del aparato estatal sobre el reciente escándalo que involucra al ex titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Pastor Soria, y las irregularidades detectadas en la intervención municipal a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez. La senadora Celeste Amarilla los trató de ladrones, pero luego reconoció que en todos los partidos tienen rateritos y ladrones.

Integrantes de la Junta Municipal de Carmen del Paraná se mostraron indignados ante la selectividad con la que la Contraloría General de la República (CGR) solicita intervenciones a los municipios. Entretanto, el pedido de intervención a su municipalidad fue “cajoneado”, porque aparentemente el intendente es de la línea política del presidente de la República, según reclamaron. Además, a modo de aparente amedrentamiento, a dos ediles no se les paga gastos de representación ni dieta desde hace más de un año.

CIUDAD DEL ESTE. El intendente Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) convocó, a través de sus perfiles en redes sociales, a una nueva manifestación ciudadana, esta vez frente a la mansión del senador Javier Zacarías Irún y, de forma paralela, frente a la de la diputada Rocío Abed de Zacarías, líder de bancada de Honor Colorado. La idea es que la movilización coincida con la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se debatirá la posible intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.

La diputada Rocío Abed, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, detalló que los cartistas aún no definieron quiénes integrarían las comisiones especiales por la intervención de la Municipalidad de Asunción y la de Ciudad del Este. “La vaca se come a bifes”, sostuvo.
El pedido de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por parte de la Contraloría General de la República generó una fuerte crispación social y política. Por un lado, un sector busca a toda costa la remoción de los intendentes Óscar Rodríguez y Miguel Prieto, mientras que otros se oponen, afirmando que se trata de una jugada política para debilitar al segundo mencionado.