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La ley de tragamonedas estipula la destrucción de esas máquinas que funcionan en las calles y comercios no exclusivos de juegos de azar, gestión a cargo de municipios. Los infractores deberán pagar un salario mínimo por cada tragamonedas de multas, y esos recursos que deberán ser destinados a un fondo para niños y adolescentes adictos a las apuestas (ludopatía).
iCrop SA pretende seguir "legalizando" tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, barberías y otros. Las máquinas "regularizadas" se identifican mediante una calcomanía con código Qr (en circulo) y se encontraron expuestas en la vía pública y sin impedimiento para el uso de menores de edad.
La normativa vigente de juegos de azar califica de prohibido el uso de tragamonedas en las calles y comercios de libre concurrencia. La medida busca evitar que niños, niñas y adolescentes desarrollen la adicción a las apuestas (ludopatía).
La fiscala María Estefanía González está a cargo de la investigación de irregularidades en Conajzar.
José Antonio Ortíz Báez, presidente de Conajzar, fue imputado por la Fiscalía. En una visita a la redacción de ABC entre lágrimas lamentó los ataques políticos.
La fiscala María Estefanía González alegó que recaba elementos para imputar por irregularidades en Conajzar.