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SAN PEDRO. Luego del accidente fatal ocurrido el pasado 26 de abril sobre la Ruta PY11, que dejó un fallecido y varios heridos, la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú inició la campaña de decomiso de animales sueltos, atendiendo los reclamos de la ciudadanía y el riesgo constante que representan para la seguridad vial.

SAN PEDRO. El distrito de San Pablo registra una controversia que pone en evidencia unos problemas administrativos y sociales. Según datos del censo y declaraciones del intendente local, el número de personas inscriptas en el padrón electoral supera a la población total registrada. Este hecho genera interrogantes sobre la precisión de los registros y su impacto en la distribución de recursos. Además, en la Municipalidad, ningún funcionario ni concejal percibe un salario que alcance el mínimo legal y los ingresos de los trabajadores oscilan entre G. 850.000 y G. 1.500.000.

SAN ANTONIO. El intendente de este distrito, Santiago Aguilera (PLRA), dejó plantado al ministro del interior, Enrique Riera, y el viceministro de Seguridad Interna, comisario general Óscar Pereira. Debido a su ausencia, no se pudo firmar convenio para la instalación del grupo Lince en esta localidad del departamento Central. El intendente alega que tenía una agenda llena y que le avisaron tarde de la reunión.

SAN ANTONIO. Las entidades de control, como la Policía Nacional, Patrulla Caminera y Policía Municipal de Tránsito, con apoyo de las comisiones de seguridad, delinearon estrategias para combatir la polución sonora y la inseguridad que apremian a la ciudadanía. En la Comisaría 24 Central se realizó una reunión para calendarizar las tareas de control y prevención.

Los ciudadanos autoconvocados de Arroyito, que hace 75 días vienen manifestándose frente a la sede comunal, continúan exigiendo la renuncia de la intendente Josefina Torales (ANR) y cinco concejales municipales. La denuncia que realizaron es que la jefa comunal ha causado un daño patrimonial por G. 4.000 millones.