18 de junio de 2026
La justicia paraguaya admitió recientemente un error grave y condenó al Estado a reparar económicamente a un ciudadano que pasó 644 días -casi dos años- en prisión preventiva. El mismo fue privado de su libertad por una acusación del Ministerio Público que nunca tuvo elementos sólidos. El fiscal retiró los cargos y el Tribunal de Sentencia lo sobreseyó definitivamente. La justicia reconoció que la medida cautelar se volvió injusta y que el Estado debe responder por los perjuicios económicos y personales causados. Ordenó el pago de G. 71.807.288 por lucro cesante, más los reclamos por daño moral y sicológico. El ciudadano común es doblemente víctima: primero, de la arbitrariedad del sistema penal; segundo, de la obligación de indemnizar con sus impuestos los desmanes de quienes juraron servirle. Este caso es el espejo de un sistema podrido donde los errores, negligencias y arbitrariedades de los operadores del Estado terminan siempre en la misma factura: la que paga el pueblo paraguayo.