La Justicia paraguaya admitió recientemente un error grave y condenó al Estado a reparar económicamente a Marcelo Manuel Romero, un ciudadano común que pasó 644 días –casi dos años– en prisión preventiva. Desde el 24 de abril de 2019 hasta el 8 de febrero de 2021, Romero fue privado de su libertad por una acusación del Ministerio Público que nunca tuvo elementos sólidos.
El fiscal retiró los cargos y el Tribunal de Sentencia lo sobreseyó definitivamente. La Justicia reconoció que la medida cautelar se volvió injusta y que el Estado debe responder por los perjuicios económicos y personales causados. Ordenó el pago de G. 221.807.288 por lucro cesante, más los reclamos por daño moral y psicológico –incluido un diagnóstico de estrés postraumático– que no fueron impugnados.
Este caso no es una excepción. Es el espejo de un sistema podrido donde los errores, negligencias y arbitrariedades de los operadores del Estado terminan siempre en la misma factura: la que paga el pueblo paraguayo.
¿Quién pagará esos 221.807.288 de guaraníes? No los fiscales que pidieron la prisión sin pruebas. No los jueces que la concedieron sin rigor. No los funcionarios que fallaron. Los paga el contribuyente: el mismo pueblo que ya sufrió la pérdida de libertad de uno de los suyos.
Este es el mecanismo perverso que se repite una y otra vez. El ciudadano común es doblemente víctima: primero, de la arbitrariedad del sistema penal; segundo, de la obligación de indemnizar con sus impuestos los desmanes de quienes juraron servirle.
Y esto no se limita al Poder Judicial. Los tres poderes del Estado comparten la misma responsabilidad. En el Poder Judicial, fiscales y jueces siguen abusando de la prisión preventiva como herramienta de control social y no como medida excepcional. En el Poder Legislativo, se toman decisiones políticas que violan la Constitución y el debido proceso, como la destitución exprés de senadores opositores.
En el Poder Ejecutivo se toleran o promueven prácticas policiales y penitenciarias que generan violaciones masivas. Cuando estos errores internos no se corrigen, se convierten en responsabilidad internacional del Estado paraguayo ante los sistemas globales de protección de derechos humanos.
Paraguay acumula una larga lista de condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Casos como el del Instituto de Reeducación del Menor “Panchito López”, donde niños murieron en condiciones inhumanas; las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, despojadas de sus tierras ancestrales durante décadas; el caso Canese, donde se violó la libertad de expresión; o más recientes como Vicente Ariel Noguera, Nissen Pessolani, Leguizamón Zaván y otros.
En cada uno, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la propiedad y la protección judicial. Y en cada uno, el Estado paraguayo tuvo que pagar indemnizaciones millonarias, implementar medidas de no repetición y reconocer públicamente su culpa. ¿De dónde sale ese dinero? De los mismos impuestos que paga el pueblo que nunca pidió ni autorizó esas arbitrariedades.
El mecanismo es siempre el mismo: un funcionario público –fiscal, juez, senador, ministro– actúa con negligencia, corrupción o cálculo político. El sistema interno lo protege o lo premia. La víctima agota recursos internos sin éxito. El caso llega a la Corte IDH. Paraguay es condenado. Y el Estado –es decir, todos los paraguayos– paga la indemnización. Es un círculo vicioso que humilla la dignidad nacional. Así, el pueblo paraguayo se convierte en víctima y pagador de los errores de sus autoridades.