Las 32 familias que debían beneficiarse con un préstamo de la entonces Senavitat, a través de una cooperativa, para acceder a viviendas en la ciudad de Limpio, denuncian ahora que la Procuraduría les solicitó G. 900 millones solo para poder participar en la subasta de las casas en las que ya residen. De esta manera, el Gobierno busca recuperar los fondos invertidos tras una malversación durante la ejecución del proyecto.

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