5 de diciembre de 2025
Si hay algo en lo que se ha destacado el Gobierno actual, es en su temor a la transparencia. El ataque a medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas de las autoridades y la promulgación de leyes “garrote” ha sido la constante. El próximo paso apunta a enterrar el proyecto de ley de “Protección de datos personales” a través de la modificación de un artículo neurálgico para su vigencia, el artículo 24 que, luego de ser ultrajado por las destructivas manos parlamentarias, establece excepciones para denegar el acceso a información pública “cuando el daño a la protección de datos sea mayor al interés público”. Esta disposición, en caso de ser sancionada, dará completa discrecionalidad a quienes deben proveer información a la ciudadanía, puesto que basta con alegar que la información que se solicita podría ocasionar un daño a la intimidad para que ella sea negada, y así cerrar las puertas a la transparencia y a la libre formación de la opinión pública.
Este viernes se volvieron a reunir organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otros referentes institucionales del sector anticorrupción, en el quinto piso de la Cámara de Senadores, para debatir junto con senadores y diputados sobre la eventual eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y las consecuencias que ello tendrá para los convenios internacionales que como país hemos firmado en compromiso de la lucha anticorrupción.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es una agencia multilateral que lleva años en nuestro país y no para bien. De hecho es, desde hace bastante tiempo, un mecanismo para que nuestros más altos empleados públicos pisoteen nuestra ley de Contrataciones, nuestra ley de Función Pública y, sobre todo, nuestra gobernanza con responsabilidad política ante el pueblo paraguayo.