La Sociedad Civil en Línea compartió el posicionamiento presentado en el Comité directivo de Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), en el cual se habla sobre el deterioro del espacio cívico en países de América Latina. Se incluye un extenso apartado sobre el proyecto de ley de control a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), conocida como “anti-ONG”.
Se menciona que los requisitos adicionales y controles más estrictos podrían generar las siguientes consecuencias:
- Una excesiva burocracia
- Aumento de los gastos administrativos y legales
- Dificultad en el acceso a financiamiento de las organizaciones
- Entorpecer el funcionamiento y su capacidad de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
- Posible cierre de organizaciones civiles
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Se agrega que el proyecto crea un registro obligatorio en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no establece los procedimientos. Afirman que eso podría resultar en “una posible arbitrariedad en las decisiones de lo que realmente tienen que hacer” las organizaciones para cumplir con la ley.
También incluyeron la preocupación por las potenciales sanciones, como la inhabilitación. Afirman que el proyecto de ley no fue sometido a un proceso participativo ni se consultó a las organizaciones de la sociedad civil, principales afectadas.
“Las OSC han pedido públicamente al Presidente que se oponga y vete la ley, y tanto importantes actores locales, regionales e internacionales la consideran inconstitucional. Si la ley se implementa, la mayoría de las OSC estarán bajo una amenaza real de cierre, ya sea por la ejecución de las exigencias legales o por la incapacidad de obtener fondos”, advierten.
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El cierre de organizaciones puede debilitar al Estado, advierten
En el posicionamiento también se habla sobre situaciones similares que se viven en Perú y en Ecuador. Afirman que este tipo de regulaciones pueden violar los derechos fundamentales garantizados en las constituciones nacionales y los tratados internacionales. Además, socavan el papel crucial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Como representantes de la sociedad civil, en el Comité Directivo de OGP, hicieron un llamado a los gobiernos de Paraguay y de Perú a revisar las iniciativas y entablar un diálogo constructivo.
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“El cierre o restricción del espacio cívico no solo afecta a las organizaciones de la sociedad civil, sino que también debilita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva y transparente a las demandas ciudadanas”, enfatizan.
Finalmente, recalcan que estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la educación y movilización de la ciudadanía, la promoción de la participación activa en los procesos democráticos y el fomento del diálogo constructivo entre la población y el Gobierno.