
El juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú admitió la fianza personal de G. 150 millones ofrecida por la ex jueza penal de Garantías de Lambaré Isabel Bracho, en el marco del proceso que la misma afronta por presunto cohecho pasivo agravado (coima) y otros hechos. La exmagistrada también tiene prohibición de salir del país sin autorización judicial.



La jueza Penal de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, aseguró que no tiene nada que ver en el “blanqueo” del presunto narcotraficante Walter José Galindo, a cambio de una millonaria coima, como afirma la imputación fiscal presentada en su contra junto a su actuaria judicial y la exfiscala Egidia Gómez. La magistrada suspendida por la Corte y enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dijo sentirse una “víctima” de la maniobra de la Fiscalía.

De acuerdo con la imputación contra la ex fiscala de Villa Elisa, Egidia Gómez Baptista, y la jueza de Lambaré Isabel Bracho, la primera se habría prestado a “jugadas tramadas” por el procesado Walter José Galindo Domínguez y sus abogados, para que el encausado pueda ser beneficiado en su proceso, en 2021.

La jueza de Garantías de Lambaré Isabel Bracho, la actuaria Ruth Karina Ferreira y la exfiscala Egidia Gómez, hermana del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; fueron imputadas por supuestamente favorecer irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Néstor Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

Lorena Ledesma, fiscal que inició la investigación contra Walter Galindo, quien fue condenado por un tribunal de sentencia por narcotráfico y soborno agravado, afirmó que con esta sentencia la causa contra las magistradas involucradas ya no tiene motivos para no avanzar. El fiscal Néstor Coronel respondió a los cuestionamientos sobre el avance de la investigación contra la jueza y la fiscal jubilada con honores.

Mediante el rechazo “in limine” de una acción de inconstitucionalidad promovida por una de las defensas, la Corte Suprema de Justicia ratificó la legalidad de las grabaciones de escuchas telefónicas que sustentan la acusación fiscal contra los acusados del caso “Mercat”. El juicio oral para los 15 acusados en la causa continúa el viernes 2 de mayo, con la reproducción de los audios.