Por siete votos a favor y uno en contra, los miembros del TCU aprobaron la licitación propuesta por el Gobierno para conceder a la iniciativa privada los derechos de servicio de internet de quinta generación, en una subasta que está prevista para octubre próximo.

El recurso del certamen empezó a ser analizado la pasada semana, pero la decisión fue aplazada después de que un magistrado pidiera más tiempo para analizarlo, debido a que el área técnica de la corte detectó algunas “irregularidades” en el proceso.

Pese a ello, el plenario del tribunal dio luz verde este miércoles para la realización de la licitación, aunque determinó que sean efectuados algunos "ajustes" por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, reguladora) para que pueda ser ejecutada.

Seis de los jueces del TCU acompañaron el voto del instructor del caso, Raimundo Carreiro, y votaron por proseguir con la subasta de las bandas de frecuencia de quinta generación.

El único voto contrario fue del magistrado Aroldo Cedraz, precisamente quien había pedido más tiempo para evaluar la licitación.

Tras conocer la decisión de la corte, el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, afirmó este mismo miércoles que el edicto del concurso deberá ser publicado en un plazo máximo de hasta dos semanas y que el certamen se celebrará en octubre, tal y como estaba previsto.

La subasta de las concesiones para operar la tecnología de quinta generación de telefonía móvil en Brasil otorgará los derechos sobre cuatro diferentes bandas de radiofrecuencia (700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHZ y 26 GHz), en lo que supone la mayor licitación del sector de telecomunicaciones en la historia del país.

Según los cálculos de la Anatel, el montaje del 5G supondrá una inversión por los 45.700 millones de reales (unos 8.771 millones de dólares), de los que 8.700 millones de reales (unos 1.670 millones de dólares) serán recaudados por el Gobierno por conceder los derechos.