En un comunicado, señaló que la Secretaría de Derechos Humanos entregará en las próximas horas los féretros a las familias, mientras Criminalística continúa trabajando en la identificación de los demás fallecidos.

"El proceso de entrega de los cuerpos consiste en realizar la autopsia, que deberá ser avalada por la Fiscalía; solicitar al Registro Civil la autorización de los datos y verificar si están cedulados; otorgar el acta de defunción y, finalmente, entregar el cuerpo en el féretro a los familiares", explicó.

La Secretaría indicó que varias entidades brindan atención psicológica a los familiares de las víctimas.

Además, trabajadores sociales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dan seguimiento al estado de salud de las 25 personas heridas, que están siendo atendidas en casas de salud, manteniendo informados a sus familiares sobre su estado.

CALMA EN LA CÁRCELES

Según el Gobierno, al momento "no se registran incidentes en los centros de privación de libertad del país" y, de acuerdo con reportes de los directores de cada uno de los centros penitenciarios, "en los recintos se mantienen el orden y el control; y las actividades se desarrollan con normalidad".

Incluso, volvió la normalidad en dos cárceles de las provincias de Azuay y Cotopaxi, donde el sábado los internos se negaron a recibir sus alimentos en un acto de aparente solidaridad con los reos de la penitenciaría de Guayaquil.

La Secretaría añadió que el Ejecutivo ha trabajado interinstitucionalmente para tomar las decisiones oportunas en cuanto a la situación carcelaria.

Entre las acciones, el presidente, Guillermo Lasso, y la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, mantuvieron una reunión con un equipo asesor internacional para articular "la cooperación en el proceso de pacificación", reza el escrito.

En la cita participaron delegados de la Organización de las Naciones Unidas y del Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado (PACcTO).

Además, el Jefe de Estado dialogó con representantes de la sociedad civil como el arzobispo de Guayaquil y la activista por los derechos humanos, Nelsa Curbelo.

La matanza del sábado ocurrió en la misma cárcel donde en septiembre pasado se produjo una masacre en la que murieron 118 presos en enfrentamientos que las autoridades atribuyen a la disputa de territorios entre bandas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Tras esa masacre, el gobernante declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario.