La norma fue aprobada de forma transversal por 137 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, aunque el artículo más controvertido, que se votó por separado y que contenía la llamada "legítima defensa privilegiada", que exime a la Policía de la proporcionalidad excepto cuando se trate de protección de bienes, generó división en la sala y fue validada por 87 votos a favor, 51 en contra y tres abstenciones.
"No concordamos con la figura, aún cuando esté acotada, de la legítima defensa privilegiada, con que la carga de la prueba la tenga la víctima, que esta exención se extienda a las Fuerzas Armadas; necesitamos mayor debate y lamentamos que no se haya escuchado a la ONU, a Amnistía Internacional y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)", señaló durante la sesión la diputada comunista Carmen Hertz.
Su partido votó en contra, junto con varios parlamentarios de la coalición de izquierda Frente Amplio y los parlamentarios de extrema derecha del Partido Republicano, que consideraron que la norma se modificó demasiado durante su tramitación y que "se le cortaron las piernas al proyecto".
"En el senado se llegó a un buen acuerdo, este proyecto va a proteger a nuestros carabineros, es un buen proyecto que se acordó con el Gobierno", señaló el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Guillermo Ramírez.
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CAMINO AL TC
La norma se aprobó tras sufrir varias modificaciones en la Cámara Alta, donde ayer el Gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo para matizar el concepto de legítima defensa privilegiada, que ahora establece la presunción legal de inocencia para las policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas cuando su integridad física o la de un tercero esté en riesgo, pero no un bien, lo que en la práctica reduce la asunción de responsabilidades de la policía al eliminar la proporcionalidad en los supuestos mencionados.
Varios parlamentarios advirtieron que de aprobarse la ley, presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos, en especial la disposición que consagra la legítima defensa privilegiada.
"Vamos a acudir al TC en algunos puntos para que sean las instituciones las que se pronuncien, queremos más seguridad, pero más seguridad y más Estado de derecho y no menos", anunció el diputado Boris Barrera esta tarde.
La senadora independiente Fabiola Campillai, víctima de la represión policial durante las protestas de 2019, expuso lo mismo ayer, tras la votación en la Cámara Alta: “Es una ley express que está mal hecha”, dijo, y agregó que “obstaculiza la investigación y la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el estallido social y, además, garantiza la impunidad”.
AGENDA DE SEGURIDAD
Este texto supone la fusión de dos proyectos de ley anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que los grupos de oposición lograron fusionar durante la discusión parlamentaria en medio del duelo y el dolor público por la muerte de dos agentes de Policía en sendos procedimientos rutinarios.
El despacho de la ley se suma a la aprobación hace unos días de cinco proyectos sobre seguridad pública, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes y con el combate contra la delincuencia en el centro de la agenda nacional.
Este paquete de medidas orientadas a combatir el crimen en el país sudamericano incluyó textos en torno al secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.
La sensación creciente de inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión, pero los datos reales muestran que los delitos apenas han crecido en los últimos años, aunque han aparecido nuevas tipologías más violentas.