La medida se enmarca dentro de un decreto firmado el miércoles pasado por el mandatario que autoriza el empleo de los militares con la misión de combatir el crimen organizado, que utiliza esas infraestructuras críticas para sus negocios ilícitos.
La presencia de las FF.AA., que trabajarán en conjunto con la Policía y otros cuerpos de seguridad del Estado, se extenderá hasta mayo de 2024, aunque Lula dejó en abierto la posibilidad de prorrogarla, en caso de que sea necesario.
El Gobierno tomó esa determinación ante el deterioro de la seguridad en algunos estados del país, como Rio Grande do Norte, Bahía y Río de Janeiro.
Además, São Paulo es el centro de operaciones del Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más poderosa de Brasil y que ha extendido sus tentáculos por otros países de América Latina.
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En principio, el refuerzo se acotará a los puertos de Itaguaí, Río de Janeiro y Santos, el mayor de Latinoamérica, así como a las zonas anexas; y a los aeropuertos internacionales de Galeão, en Río de Janeiro, y Guarulhos, en São Paulo.
Además, también intensificarán la vigilancia en las fronteras con Bolivia y Paraguay, con especial atención en el lago de Itaipú, una de las rutas usadas por los narcotraficantes para introducir drogas a Brasil desde los países vecinos.
En paralelo, la Policía Federal también fortalecerá las acciones de inteligencia contra facciones armadas y grupos parapoliciales, formados por agentes y exagentes corruptos, sobre todo en Río de Janeiro.
"Se ha llegado a una situación muy grave, la violencia se ha agravado y hemos decidido que el Gobierno federal participe con todo su potencial", explicó Lula la semana pasada al anunciar la medida.