En el documento se detalla que una zona de seguridad de frontera "abarca el espacio terrestre de cuarenta kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional, el espacio marítimo de diez millas náuticas, y el espacio aéreo correspondiente".
Además, que desde la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado se había remitido un informe reservado en el que se recomienda al mandatario que convoque al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para que analice declarar las zonas de seguridad de frontera y áreas reservadas que constan en los documentos.
El Cosepe se reunió este lunes e identificó esas zonas de seguridad en la frontera y otras áreas declaradas como reservadas "que por motivos de seguridad nacional requieren de regulaciones especiales para garantizar la seguridad integral de las personas que habitan en el territorio ecuatoriano, así como para enfrentar las graves amenazas de seguridad que enfrenta el Estado ecuatoriano".
Por lo que Noboa aprobó esas zonas y también las regulaciones especiales y las normas que se aplicarán y ordenó difundirlo "a todas las instituciones públicas y privadas que operan en las áreas reservadas de seguridad y zonas de frontera".
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El 24 de diciembre, el Gobierno anunció que mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a "razones de seguridad nacional" y el sábado afirmó que esa decisión estaba sustentada "en análisis técnicos y de inteligencia" y que "busca cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio legal y la seguridad de las comunidades fronterizas".
En otro decreto, Noboa también declaró como áreas reservadas de seguridad a los perímetros de las cárceles del país, que ya habían sido declaradas como zonas de seguridad en abril de 2024, y aprobó las regulaciones especiales que serán aplicadas en esas zonas.
Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.