La iniciativa, conocida como 'Escuelas Protegidas', fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional con 103 votos a favor, 43 en contra, y tres abstenciones, en un debate en el que congresistas de oposición hicieron reserva de constitucionalidad por considerar que vulnera derechos de niños y adolescentes además de principios como la igualdad ante la ley.
"Estamos abiertos a incorporar las mejoras que hagan de este proyecto una iniciativa que definitivamente ayude a proteger el espacio escolar", afirmó a la salida del Congreso la ministra chilena de Educación, María Paz Arzola.
"La vamos a incorporar en el siguiente trámite y voy a insistir en que estamos dispuestos a seguir incorporando precisiones o mejoras que permitan lograr los consensos para sacar esta iniciativa adelante", subrayó.
Entre otros puntos, el proyecto de ley propone modificar el Código Penal y considerar un agravante la comisión de un delito en establecimientos de educación.
El diputado integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y militante de la formación ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL), Germán Verdugo, afirmó en el debate legislativo que los antecedentes que justifican el proyecto "son irrefutables y alarmantes".
"Los establecimientos educacionales han experimentado un deterioro progresivo en sus condiciones de convivencia. La denuncia de maltrato a los profesores y a miembros de la comunidad educativa ha crecido exponencialmente en los años", señaló.
Por su parte, el abogado y diputado del partido de oposición Frente Amplio (FA) Jaime Basa argumentó que "la crisis que enfrentan los espacios educativos no se resuelve con medidas aceleradas ni con propuestas impuestas".
"No hay varitas mágicas que resuelvan los problemas de forma definitiva. Si queremos abordar los problemas en serio, debemos entender las fuentes del conflicto, así como las condiciones sociales, emocionales y educativas que lo están vinculando. Las soluciones reales son de largo plazo", sostuvo.
El gobierno de Kast presentó el proyecto después de que un joven de 18 años mató con un arma blanca a una asistente educacional e hirió a otras cuatro personas en un colegio de la ciudad minera de Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago, a fines de marzo.
Según una reciente encuesta del Observatorio Social de la Universidad del Alba, un 76 % de los chilenos cree que la violencia escolar ha aumentado y solo un 36,6 % considera que los colegios son espacios seguros o muy seguros.