El certamen, considerado "no recaudatorio", generó ingresos por cerca de 23 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares o unos 3,95 millones de euros), pero prevé compromisos de inversión por aproximadamente 2.000 millones de reales (unos 401 millones de dólares) para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en regiones con baja conectividad.
Según el organismo regulador, las nuevas licencias permitirán llevar servicios de telefonía móvil a más de 864 pequeñas y remotas localidades, además de garantizar cobertura en unos 6.500 kilómetros de carreteras federales distribuidas en 16 estados, incluidos tramos considerados "zonas de silencio" por la ausencia de señal.
La subasta fue adjudicada por lotes regionales: Amazônia Serviços Digitais obtuvo el bloque correspondiente al norte de Brasil y parte del estado de São Paulo; Brisanet se quedó con dos lotes en el nordeste y el centro-oeste; Unifique asumirá la operación en el sur, e IEZ! Telecom cubrirá áreas del sudeste, excluido São Paulo.
El ministro de Comunicaciones, Frederico de Siqueira Filho, afirmó que el resultado representa "más infraestructura y capilaridad" para el país, con impactos previstos aún en 2026 en términos de conectividad y desarrollo regional.
La banda de 700 MHz es considerada estratégica debido a su capacidad de propagación, ya que permite cubrir grandes distancias y atravesar obstáculos físicos con menor necesidad de antenas, lo que reduce costos y facilita su uso en zonas de difícil acceso, como áreas rurales y corredores viales.
El proceso de licitación se realizó tras una decisión judicial que permitió retomar el certamen, inicialmente suspendido por recursos de grandes operadoras como Telefónica, Claro y TIM que cuestionaban las condiciones de participación.
El modelo adoptado priorizó a proveedores regionales con experiencia previa en otras frecuencias, como la de 3,5 GHz utilizada en el despliegue del 5G.
La Anatel destacó que el objetivo es fomentar la competencia y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que se amplía la inclusión digital en regiones con menor atractivo económico.