Según documentos oficiales obtenidos por el diario neerlandés AD mediante una solicitud de acceso a la información pública (ley neerlandesa de transparencia administrativa), la compañía, cuya identidad no ha trascendido, ofreció un contrato lucrativo de un año para realizar vuelos semanales sobre instalaciones petroquímicas con drones equipados con cámaras térmicas.

Esas cámaras serían capaces de calcular el nivel de llenado de los depósitos a partir de las diferencias de temperatura entre el combustible y el aire.

Estos datos tienen un alto valor comercial, ya que permiten a los operadores anticipar variaciones en las reservas de petróleo y tomar decisiones de inversión antes que sus competidores en el mercado.

Cuando el operador preguntó si contaban con autorización de las empresas propietarias de las instalaciones, la compañía estadounidense reconoció que no había solicitado ningún permiso y que tampoco tenía intención de hacerlo.

El operador rechazó el contrato, al sospechar que la compañía buscaba calcular de forma encubierta la cantidad de combustible almacenado en los tanques, y denunció el caso ante la Inspección de Medio Ambiente y Transporte de Países Bajos (ILT).

La normativa neerlandesa exige autorización y coordinación con sus responsables para realizar vuelos de estas características, sobre todo porque las instalaciones afectadas son consideradas “infraestructuras críticas”, esenciales para el funcionamiento de la economía y el suministro energético.

Las autoridades trasladaron el asunto al organismo nacional encargado de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, después de conocer que la compañía estudiaba recurrir a otros operadores o incluso a un helicóptero para obtener las imágenes.

Se desconoce si la empresa estadounidense llegó a realizar los vuelos sobre los puertos.

Tampoco han trascendido las fechas en las que la empresa contactó al operador.