La imagen mostraba una figura parecida al antiguo gobernante, con la frase “Hacked by José Sócrates” (“Pirateado por José Sócrates”) y el texto “Demasiadas leyes para quien no tiene nada, demasiada libertad para quien roba millones”. La referencia a Sócrates formaba parte del mensaje publicado por los atacantes y no implica que el ex primer ministro participara en el incidente.

La alteración, conocida como 'defacement', consiste en modificar sin autorización el aspecto o el contenido de una página web. La ASAE confirmó que había sido atacada y su portal quedó fuera de servicio. La autoridad fiscaliza la seguridad alimentaria y la actividad económica en Portugal.

Horas después, Cidadãos pela Cibersegurança (CpC), una iniciativa cívica portuguesa dedicada a promover los derechos digitales y la ciberseguridad, anunció que había localizado la misma imagen en un archivo alojado en una web secundaria vinculada al Estado. Según su análisis, el archivo se había subido el mismo día del ataque y seguía accesible al final de la jornada. La organización considera que el hallazgo apunta a un segundo sistema comprometido.

La CpC comunicó el hallazgo a la entidad responsable de esa web, al Centro Nacional de Ciberseguridad portugués y a la empresa que gestiona la plataforma. Por el momento, la iniciativa no ha identificado el sitio y ha explicado que espera a que se corrija el riesgo antes de revelar de qué sistema se trata.

Queda por aclarar hasta dónde llegó la intrusión. La CpC afirma que su análisis preliminar no encontró pruebas de que se hayan extraído datos, pero el portal de la ASAE ofrecía formularios de denuncia y un área reservada protegida por usuario y contraseña. Esa combinación alimenta la sospecha de que alguien accediera por esa vía a información personal o a credenciales, aunque no hay constancia pública de que haya sido eso lo que ha ocurrido.

La organización también ha pedido determinar si el ataque a la ASAE guarda relación con otros incidentes registrados este mes en páginas de la Policía de Seguridad Pública y del Instituto de la Vivienda y Rehabilitación Urbana. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente una conexión entre esos casos.