"Con Italia ahora va a haber una compra de armamento y de equipos de helicópteros bastante grande (...) también estamos trabajando con Corea del Sur para interceptores y buques que nos ayuden a controlar nuestras aguas", dijo el mandatario en una entrevista por el portal digital Altavoz.
Noboa dejó el jueves pasado la jefatura de Estado en manos de la vicepresidenta, María José Pinto, para volcarse a acompañar a los candidatos de su partido en la campaña electoral de los comicios locales del 29 de noviembre, en los que el oficialismo busca arrebatar al partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) el poder de las ciudades más grandes, como Quito y Guayaquil.
La Asamblea Nacional (Parlamento) le otorgó una licencia de catorce días y en estas dos semanas solo ejercerá oficialmente el cargo el jueves próximo.
Durante la entrevista, el presidente también negó que la base de Taura, la principal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), situada a unos treinta kilómetros de Guayaquil, sea una "base americana", en alusión a Estados Unidos, sino que se realizan en el lugar "actividades temporales" por alguna "misión o investigación específica".
"Se trabaja en conjunto. No es una base americana, es una base ecuatoriana", aseguró ante los cuestionamientos sobre las operaciones que está realizando personal militar estadounidense en el lugar.
La Constitución de Ecuador prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras o ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, algo que fue ratificado el año pasado en un referéndum en el que Noboa buscaba eliminar ese impedimento de la carta magna.
Recordó que así como el país ha fortalecido la cooperación con Estados Unidos también lo ha hecho con otras naciones, como Emiratos Árabes Unidos, con el que Ecuador tiene una alianza para implementar en las fronteras un sistema de control en el que, dijo, se ha invertido "más de 60 millones de dólares".
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para enfrentar a las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escala de violencia sin precedentes que se registra en el país andino en los últimos años.
Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que el país cerrara el 2025 con un un récord de 9.284 homicidios.