El texto legal hace imposible crear nuevas plazas hoteleras y la comercialización de nuevos alojamientos turísticos en el archipiélago mediterráneo hasta 2026. Pasado este lapso, será cada consejo insular de cada isla (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) el que fijará los límites.
El objetivo es “apostar por la calidad” de la oferta turística más que por su cantidad, explicó en Twitter la presidenta regional de Baleares, la socialista Francina Armengol, al defender un “modelo turístico, social y ambiental del futuro”.
Hay que pensar “no solo en los visitantes, sino en los residentes, en los trabajadores y en el territorio”, señaló Armengol, considerando superado el modelo prepandemia.
La medida fue criticada por la oposición, en voz del Partido Popular (PP, conservadores), que lamentó que se haya tomado vía decreto y sin “debate” en el Parlamento regional.
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Las Baleares, conocidas por sus aguas cristalinas y sus playas paradisíacas, son el segundo destino turístico de España después de Cataluña. En 2019 recibieron el récord de 16,4 millones de visitantes, aunque con la pandemia de covid-19 el número cayó a la mitad.