Los presuntos “Hechos punibles de asociación criminal. Incitación a cometer delitos y perturbación de la paz pública”, en los que se encuentran involucradas personas vinculadas a la empresa dedicada a la recolección y disposición final de basura “El Farol SA”, se habría cajoneado en una de las oficinas de la Corte.
En este caso, la fiscala María Bernarda Alvarez está entre las personas denunciadas por recibir supuestamente dinero para no investigar el caso del depósito de desechos domiciliarios e industriales, hasta peligrosos, en la propiedad del Estado, en la zona de Remansito (Villa Hayes). La denuncia fue radicada a fines de abril pasado, en la unidad fiscal penal de Marcelo Conigliaro.
La causa encabeza la propietaria de “El Farol”, Adelaida Cañete, su hijo Hans Stassek Cañete, el abogado Miguel Ángel Mirerlian Porta, Carlos Cameron y Martín Brandel. Estas dos últimas son personas que trabajan para la referida empresa basurera y habrían sido utilizadas para la comisión de los hechos punibles.
La fiscala Alvarez fue denunciada por Ubaldo Joel Krause López, ex secretario del abogado de El Farol, Miguel Micerlián Porta, de formar parte del grupo cercano a la dueña de esa empresa, Adelaida Cañete y su hijo Hans Stassek Cañete y asegura que le “tocó efectivizar cheques”, que habrían sido distribuidos entre la fiscala y otras personas.
También remarca que fue testigo en varias ocasiones de entrega de fuertes sumas de dinero dentro de la campaña de no actuar contra la empresa El Farol, a pesar de la reiteradas denuncias de violaciones de las leyes ambientales en la propiedad arrendada del Ministerio de Defensa Nacional.
La investigación del caso quedó paralizada, porque la defensa de Adelaida Cañete y otros, recusó al fiscal Conigliaro. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado lo confirmó y los afectados recurrieron a la Corte Suprema de Justicia y ahí quedó la carpeta hace más de 3 meses.
La Fiscalía General del Estado se llamó también al silencio, pese a tener la facultad de nombrar un fiscal interino para evitar la paralización de la causa. Asimismo, puede pedir a la fiscala María Bernarda Alvarez que se aparte del caso por la acción promovida en su contra. También corresponde que ella, por ética y decoro, entregue la causa, a no ser que tenga algún interés particular en la misma.
Febrero del 2009
Los primeros cargamentos de desechos en Remansito fueron depositados hace 18 meses, desde febrero del 2009 y hasta hoy la fiscala de Medio Ambiente no solicitó ningún análisis de las sustancias producidas por los desechos en el referido sitio.
También permite que desechos industriales “potencialmente peligrosos”, según la Secretaría del Ambiente (Seam) se sigan desparramando en esa propiedad del Estado.
Las celdas de los residuos de curtiembre no reúnen las condiciones exigidas. “Las fosas no contemplan criterios técnicos de operación”, según el director de Fiscalización de la Seam, Eladio García. La única que no observa estos hechos es la fiscala denunciada por el presunto hecho de coima.
Tampoco hace cumplir las resoluciones de la Seam, en las que prohíbe a la empresa recibir desechos industriales.
En una nota del pasado mes de julio, la Seam le recuerda a “El Farol” que “no podrá recepcionar residuos sólidos industriales (RSI), hasta tanto no implemente un relleno de seguridad, acorde con las exigencias sanitarias y técnicas para el confinamiento de los residuos”.
Llamativa actuación
Trascendió la semana pasada que la fiscala Alvarez programó una visita al depósito de Remansito, pero cuando se filtró la información, habría suspendido esa actividad.
Según informe de algunos funcionarios de la Seam, la fiscala quiere ingresar sola en ese local. Sin embargo, uno de sus asistentes desmintió esa información, señalando que María Bernarda Alvarez no programó nada, porque se encontraba en una audiencia pública durante toda la semana.