Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados partes del Mercosur, y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam acordaron el inicio de las conversaciones para negociar un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) compatible con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, se informó desde la Cancillería a cargo de Rubén Ramírez.

Con un intenso cronograma electoral arranca el 2026 con miras a las internas del 7 de junio y a los comicios municipales del 4 de octubre.

En un país tan plagado de escándalos en la función pública, resulta difícil elegir los más relevantes del año anterior. Empero, no es arriesgado afirmar que dos de ellos ocurrieron en la residencia presidencial; allí, una ama de llaves fue despedida tras revelar el hallazgo de un par de sobres con cientos de miles de dólares, que habrían olvidado unos visitantes aún anónimos; por su parte, el “dueño de casa”, quien niega la existencia de los sobres, se reunió una noche –aparentemente también junto con el presidente de la ANR, Horacio Cartes– con seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, para tratar asuntos aún ignorados por la carencia de un informe oficial, aunque las circunstancias permitan afirmar que los interlocutores atentaron contra la transparencia y la institucionalidad. En los tres Poderes del Estado se han producido aspectos cuestionados, aunque también hubo noticias positivas, pero queda mucha tarea por hacer para que todos los paraguayos “estén mejor”.

Como obsequio de fin de año, el presidente Santiago Peña promulgó la ley que restituye los feudos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia como se habría pactado en la reunión secreta a inicios de diciembre en Mburuvicha Róga, a la que supuestamente también asistió el titular de la ANR, Horacio Cartes. La normativa se firmó el 29 de diciembre del 2025 y se publicó ayer en pleno feriado.

El exsenador Pedro Santa Cruz (PDP) denuncia que la reforma que elimina la rotación obligatoria de ministros y reimpone feudos a la Corte rompe con los avances en transparencia y revive prácticas que habían sido erradicadas.