Como estaba previsto, la legislación, aprobada tras meses de deliberaciones y consultas parciales con expertos y organizaciones, comienza a regir desde el comienzo del 10 de diciembre en Camberra (14: GMT de hoy), en medio de debates en otros países sobre la pertinencia y viabilidad de este veto.
La normativa exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y la plataforma de ‘streaming’ Kick demostrar que han tomado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.
La ley es pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las plataformas digitales, que corren el riesgo de enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses o 28 millones de euros) si incumplen la normativa.
Presión creciente
El Ejecutivo australiano sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.
Entre los riesgos más citados figuran el ciberacoso, engaño pederasta (‘grooming’), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado.
En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.
Efecto en comunidades
Por su parte, algunos colectivos alertan de que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad, las redes sociales son un espacio esencial para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares.
Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre a desactivar cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, adelantándose a la entrada en vigor de la ley.
El proceso, que incluye el bloqueo del acceso y la notificación directa a los afectados, se completará mañana.