La sanción provisoria establece que el Club Cerro Porteño deberá disputar sus próximos dos compromisos a puertas cerradas. Esta restricción es absoluta: el equipo no podrá contar con el apoyo de su parcialidad ni cuando actúe de local, ni en sus partidos como visitante (en los que solo se permitirá el ingreso del público local). La medida busca disuadir nuevos hechos de violencia mientras se desarrolla la investigación de fondo.
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Un informe lapidario: Gases, invasión y caos
La resolución del Tribunal se sustenta en los informes del árbitro Juan Gabriel Benítez, el delegado William Centurión y el oficial de seguridad Christian Caballero, además de reportes de la Policía Nacional. Los documentos detallan un escenario de violencia desmedida que obligó a la suspensión definitiva del encuentro a los 29 minutos del primer tiempo:
- Enfrentamientos en Norte: Los incidentes iniciaron con detonaciones de bombas de estruendo por parte de la hinchada organizada de Cerro Porteño, derivando en una gresca de cinco minutos contra 24 efectivos policiales. Un agente antimotines fue golpeado y despojado de su escudo.
- Gases lacrimógenos y asfixia: El uso de gases por parte de la policía para contener la turba terminó afectando a jugadores, oficiales y familias en diversos sectores, forzando la evacuación hacia los vestuarios.
- Invasión de campo por refugio: Ante el pánico y la falta de aire, una multitud de niños, mujeres y adultos se vio obligada a saltar al campo de juego buscando asistencia médica y refugio, ante la imposibilidad de la policía de garantizar la seguridad.
- Fallas en los ingresos: El informe de seguridad destaca que el caos comenzó antes del pitazo inicial en los portones 4 y 5, debido a aglomeraciones provocadas por entradas duplicadas y personas que intentaron ingresar sin boletos.
Sumario administrativo e identificación de vándalos
Además de la sanción a la hinchada azulgrana, el Tribunal decide instruir un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de ambos clubes involucrados en el Superclásico. Tanto Cerro Porteño como Olimpia fueron notificados para presentar sus descargos legales en el plazo reglamentario.
En un esfuerzo por individualizar a los responsables de los destrozos y la violencia, la APF emplaza por 72 horas a ambas instituciones para remitir el listado con los datos personales de los integrantes de sus hinchadas oficiales. Asimismo, deberán colaborar con la identificación de los sujetos captados en videos y fotografías lanzando proyectiles e invadiendo áreas VIP durante el intercambio de agresiones entre las barras de Graderías Norte y Sur.
Fundamento Jurídico: El Tribunal subrayó que estos actos representan un “grave peligro para la integridad física de los asistentes”, justificando la aplicación del Artículo 143 del Código Disciplinario para aplicar medidas de urgencia ante la gravedad de los hechos acontecidos en la Fecha 17 del Apertura, en el estadio Defensores del Chaco.