Sindicalistas de Petropar insisten en que continúen cuestionados contratos a tercerizados

Sindicalistas de Petropar solicitaron al presidente del Congreso, Óscar Salomón, que continuen los contratos con empresas tercerizadas, cuestionados por la fortuna que se destina a ellos y a pesar de que la empresa estatal cuenta con 1.000 funcionarios. Se trata de contratos previstos a través de una convocatoria abierta de G. 48.600 millones.

Denis Lichi, presidente de Petropar, se candidata para gobernador de Cordillera con el movimiento "Fuerza Republicana", liderada por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Denis Lichi, presidente de Petropar, se candidata para gobernador de Cordillera con el movimiento "Fuerza Republicana", liderada por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.Gentileza,

Sindicalistas de Petróleos Paraguayos (Petropar) solicitaron al presidente del Congreso, Oscar Salomón, que se mantengan los contratos con empresas tercerizadas, que están previstos a través de un llamado a licitación que lleva adelante la estatal. Eso, luego de que se difundiera en redes sociales de senadores la versión de que el mismo sería suspendido. Alegaron que implicaría la pérdida de empleos de 260 familias.

Se trata de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional (LPN), ID N° 410.945, por G. 48.600 millones, para contratar a una empresa para la gestión de recursos humanos, que incluye publicidad de puestos vacantes, evaluación de hoja de vida y contratación del personal, previa aprobación del área de Talento Humano de Petropar, además de realizar las gestiones para pagos de salarios y otros relacionados a gestión de personal.

Gerardo Parodi, represente de los trabajadores, indicó que el Consejo Intersindical de Petropar solicitó vía nota al presidente del Senado, Óscar Salomón, que se mantengan los acuerdos con las empresas privadas. Mencionó que estos incluyen las gestiones en estaciones de servicios, laboratorios móviles para control de calidad y cantidad, operadores de flotas y call center 24 horas, recepción de combustibles y distribución de los mismos, además de ventas a distribuidores y en sus modalidades bunker y cabotaje.

“Entendemos que Petropar requiere de una dinámica de contratación para la atención correcta, y más que en los últimos años hemos tenido importantes bajas entre jubilados y fallecidos”, dice la nota entregada. Sin embargo, los sindicalistas evitaron mencionar que estos contratos son cuestionados por la fortuna que demandan y sobre todo, teniendo en cuenta que el emblema estatal cuenta con 1.000 funcionarios. Este sistema de contrataciones fue cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR).

Este esquema de contratación, de modalidad de contrato abierto, se inició en la empresa estatal durante la presidencia Horacio Cartes y continúa hasta ahora, con la diferencia que actualmente destinan más recursos. La última adjudicación data del 2018, durante la administración de Patricia Samudio, por un monto máximo de G. 24.255 millones (también por vía de la subasta a la baja electrónica).

Con este sistema, se pisotea la ley de presupuesto que no prevé la creación de más cargos.

Cabe recordar que estos mismos sindicalistas también se movilizaron para presionar por la aprobación del proyecto de ley que autorizaba a Petropar a “puentear” la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas para la compra de combustibles y biocombustibles, propuesta que se encontraba “camuflayada” en el proyecto de ley que eliminaba las declaraciones juradas como requisito en las licitaciones para las proveedoras.

Luego de criticas a la “canilla libre” que serían los contratos sin control alguno y la violación de la normativa de compras públicas, el presidente Mario Abdo Benítez vetó parcialmente el documento, cuestionando los puntos relacionados a compras públicas.

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