El titular de la cartera económica dijo a ABC que el proyecto sancionado por el Senado, como ya lo habían alertado antes, aumenta la estimación de ingresos sin sustento real, reasigna recursos destinados a gastos de capital a gastos corrientes, eleva los salarios de funcionarios de diversos sectores y crea miles de cargos.
Llamosas indicó que todo esto genera más presión sobre el Tesoro público, porque no se sabe si el próximo año se va a poder recaudar y porque se trata de gastos rígidos, como salarios, que deberán ser cumplidos indefectiblemente.
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Explicó que analizarán todas las herramientas legales disponibles para mitigar los efectos de la decisión tomada por el Senado y atendiendo que las modificaciones introducidas se implementará de manera gradual en 2023, afirmó que el mayor impacto en realidad se dará en el presupuesto 2024, cuando se tenga que prever los incrementos para todo el año (12 meses).
A su criterio, a priori el veto total no es una opción por cuestiones técnicas, ya que eso implicará volver a ejecutar el presupuesto 2022 que es muy diferente al planteado para el ejercicio 2023.
Por ejemplo, señaló que quedarían sin efecto los reajustes por salario mínimo, las pensiones, los fondos previstos para el pago de la deuda pública, el déficit fiscal será del 3% y no 2,3% como se estableció en el plan de convergencia, entre otros puntos.
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El ministro Llamosas indicó que más bien el análisis se centraría en determinar si es factible un veto parcial en los articulados del proyecto de ley, porque si se apunta a los gastos también generaría problemas en la ejecución, debido a que se anularía no solo la diferencia aprobada en el Congreso sino toda la partida prevista.
Dejó en claro, sin embargo, que nada esta definido y que una vez que tengan todos los datos del proyecto de ley sancionado, se revisará para hacer la recomendación que consideran más conveniente a la Presidencia de la República.