Corte Suprema de Justicia y TSJE, los que más ocultan datos públicos

El director de Acceso a Información Pública (AIP) del Ministerio de Justicia (MJ), Mario Ovelar, reveló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumula 50 expedientes de solicitudes de datos públicos que no fueron respondidos en 2022. De esta manera, se ubica en el primer puesto del ranking de los organismos que no cumplen la disposición de la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental.

La cartera, responsable del control de calidad de los informes, reveló que centenar de municipios no cumplen con la disposición, y entre los que más acumulan son el de Minga Guazú y Asunción. También violan la normativa -que reglamenta el artículo 28 del Derecho a Informarse estipulado en la Constitución Nacional- el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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Ovelar señaló que actualmente están adheridas 404 instituciones al portal de AIP, y para las que no están, el MJ recibe la solicitud y les deriva vía mail.

Sin embargo, en el caso de la CSJ y el TSJE, no están adheridos al portal unificado pero ni al MJ responden los requerimientos de los ciudadanos. Esta situación también se plantea con el Ministerio Público (MP) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa). Todos fueron notificados al respecto, dijo Ovelar.

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Ovelar instó a la ciudadanía a ejercer su derecho, pues “el patrimonio de datos que tenemos hoy es impresionante”, el cual es útil para generar bienestar en las personas y los cambios que se necesitan, mejor educación, salud y hasta la reactivación económica, acotó.

Urge reforma para aplicar sanciones

Mario Ovelar, del Ministerio de Justicia, informó que según estudios recientes, 2 de cada 100 ciudadanos acuden a la instancia judicial cuando el Estado le niega un pedido y sólo queda la vía de promover un amparo.

“Hay un 98% de ciudadanos que lamentablemente se tienen que quedar en el molde y no tienen ni la respuesta de las instituciones del Estado y descartan recurrir a la justicia”, dijo.

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Recalcó que la falta de facultad de aplicación de sanciones por el Ministerio de Justicia a los sujetos obligados de brindar datos públicos dificulta la implementación efectiva de este derecho humano fundamental.