La entidad procedió a la sustanciación de la protesta contra la adjudicación del seguro médico y recomendó a la cartera fiscal como medida de prudencia administrativa, suspender la continuidad del procedimiento licitatorio o de la ejecución contractual en su caso, en atención a lo establecido en el artículo 83 de la Ley N° 2051/2003.
Hacienda, sin embargo, firmó contrato y el servicio está en ejecución desde el 14 de este mes, por lo que en un eventual caso en que la DNCP declare la nulidad del acto, se deberá dejar sin efecto.
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Santa Clara S.A solicitó a la Dirección de Contrataciones que el acto administrativo sea anulado argumentando “grave irregularidad” del acto impugnado y, en consecuencia, que el comité evaluador de Hacienda sea nuevamente conformado y las ofertas reevaluadas.
Hacienda no se manifestó aún con respecto a este pedido, solo el Sindicato de Funcionarios Profesionales (Sifupromh) señaló a través de un comunicado que gracias a la inquietud que hicieron llegar los socios pudieron defender “una más y mejor cobertura médica”.
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Monto total adjudicado
El seguro adjudicado por Hacienda consta de dos partes: el del servicio de salud adjudicado al Consorcio Salud SD, por un monto de G. 61.972 millones; y el de sepelio al Grupo Proinsa S.A (Jardín de la Paz), por un monto de G. 600 millones, lo que representa un total de G. 62.572 millones (US$ 8,8 millones).
La publicación de los resultados de la licitación generó diversos comentarios que hicieron notar, entre otros, que hubo ciertas flexibilizaciones en el pliego de bases y condiciones, comparando con la utilizada en la licitación de 2021.
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A modo de ejemplo, se mencionaron los requisitos para evaluar la experiencia del oferente, que en 2021 establecía que debían demostrar en servicios de seguro médico con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto máximo de la presente licitación, en tres años en instituciones públicas y/o privadas; pero en la licitación última llevada cabo se redujo a 30% y se aumentó los años para llegar a la facturación.
También indicaron que se eliminó del requisito la cantidad de titulares y aumentaron los años de prestaciones, así como bajaron los años de experiencia y en vez de la presentación de contratos vigente, ahora pidieron declaraciones juradas.