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La administración central está compuesta por las instituciones integrantes de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, más la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura.
El año pasado, la deuda de este sector con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro alcanzó US$ 13.434 millones, el 32,6% del PIB.
Según la proyección de la cartera fiscal, en diciembre del presente ejercicio llegará a un total de US$ 14.740 millones, 33,1% del PIB, que implicará un aumento de US$ 1.306 millones.
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Los datos forman parte de un “Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública de la Administración Central y su impacto en el Presupuesto Público”, que fue presentado el último viernes en el evento denominado “gLOCAL 2023 Semana de la Evaluación”.
Ritmo de endeudamiento
En el análisis se menciona que en el 2003 la deuda de la administración central representaba el 31,1% del PIB y que luego de la cesación selectiva de pagos se fue reduciendo hasta llegar a 6,9% del PIB en 2011, pero que a partir de 2012 empieza de nuevo a subir para situarse en 19,7% en 2019.
Al año siguiente, en 2020, pega un salto y se sitúa e el 29,7% del PIB debido, esto debido a los préstamos contratados y a los bonos soberanos que colocaron en el mercado internacional para hacer frente a la pandemia del covid-19, luego en 2021 pasaría a 30,1% y el año pasado cerró en 32,6% del PIB.
Pago de los intereses
En el estudio se llama la atención sobre el crecimiento que registra en los últimos años el pago de los intereses de la deuda de este sector, debido al incremento de las tasas de interés causado por la incertidumbre reinante en el mercado internacional.
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Los datos indican que en 2004 representaban 0,8% del PIB, que luego se redujo hasta representar un 0,2% en 2012, pero que desde el año siguiente empieza a aumentar hasta llegar el año pasado al 1,2% del PIB. Para el presente año estiman que el pago de los intereses representará para el fisco el 1,8% del PIB.
La alerta de los técnicos de Hacienda sobre este punto se debe a que los intereses se pagan con recursos genuinos o tributarios y que está creciendo a un promedio superior al crecimiento de los ingresos tributarios, por lo que señalan que obliga a redireccionar recursos para su cumplimiento.
Convergencia al tope fiscal
El análisis recomienda cumplir con el plan de convergencia fiscal, que implica cerrar este año con un déficit de 2,3% del PIB y el próximo ejercicio volver al tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Según indican, con la convergencia fiscal el nivel de endeudamiento retornará a un sendero de sostenibilidad en el mediano plazo.
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La administración central registra déficits desde 2012, año que otorgaron aumentos salariales en general, pero desde 2019 se empezó a cerrar por encima del tope de 1,5% del PIB, alcanzando entonces un 2,8%, luego, en 2020, se disparó a 6,1%.
En 2021 el déficit cae al 3,6% y el año pasado se situó, siempre según Hacienda, en 3%. A cierre del presente ejercicio serán cinco años consecutivos de saldo rojo por encima del tope legal.
Deuda al primer cuatrimestre
En el primer cuatrimestre del año, la deuda pública total, que incluye la administración central y las entidades descentralizadas, alcanzó los US$ 15.444,4 millones, que representa 34,3% del PIB.
El saldo de la deuda de la administración central fue de US$ 13.821,3 millones (representó el 89,5% de la deuda pública total y el 30,7% del PIB); en tanto que la deuda pública que cuenta con garantía soberana ascendió a US$ 1.623,1 millones y representa el 3,6% del PIB.
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