Abdo veta la ley que obliga a emblemas a publicar estructura de costos de combustibles

Abdo Benítez se pronunció ante la ley sancionada por el Congreso en el que los distribuidores del sector privado y de Petróleos Paraguayos (Petropar) deberán hacer públicos numerosos datos relacionados al gasoíl del tipo III. La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) fue una de las instituciones que analizaron la ley.

Fundamentó su recomendación para el veto total en que si entra en vigencia, la normativa acarrearía algún que otro efecto perjudicial. Por ejemplo, que podría darse una indefinición de los sujetos obligados a remitir información.

Además de una distorsión en la competencia, que, a su vez, traería consigo el cierre de empresas que cuenten con costos operativos mayores a los de Petropar. El otro inconveniente según este decreto es que en el caso de empresas que son más eficientes, el proyecto de ley limitaría la baja de los precios que benefician a la población, ya que las reducciones de los costos no se trasladarían a los consumidores, enfatizaron.

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Por la estructura de costos en el caso de los emblemas privados, podría ocurrir uno de dos escenarios:

1- Algunos emblemas podrían tener una estructura de costos con montos mayores que los de Petropar. En estos casos, aunque la norma obligará a reducir el precio de combustible; la empresa afectada podría verse forzada a dejar el mercado al no poder superar el umbral del precio máximo.

2- Por otra parte, algunos emblemas podrían tener una estructura de costos con resultados menores que Petropar. Con este escenario, aunque las circunstancias permitan a una empresa reducir los precios, la única consecuencia de la fijación de precios mínimos sería la de maximizar los ingresos de la empresa, ya que cualquier reducción no se verá trasladada al consumidor.

Lo que dice la Ley sobre las publicaciones de estructura de costos

De acuerdo al texto aprobado, los distribuidores privados de combustible, al igual que Petropar, estarán obligados a publicar estructura de costos, que estará conformada por el costo internacional al cual fue adquirido el combustible derivado del petróleo (con el tipo de cambio), el premio o plus, los gastos de internalización que comprenden los costos de flete fluvial, seguro, servicio de valoración aduanera, honorarios de despachante, control e inspección y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Se incluirán los biocombustibles, inventarios, gastos operativos, y los demás que sean establecidos por la autoridad de aplicación, indica la legislación.

Con este veto, la Ley 7.117/2023 vuelve al Parlamento.

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