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El proyecto de ley forma parte del acuerdo firmado el año pasado entre el gobierno paraguayo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del “Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI)” para apuntalar la implementación de reformas estructurales.
Según adelantaron desde Hacienda, el referido proyecto crea una comisión nacional para el estudio de la reforma integral del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público.
Explicaron que tiene como objetivo colaborar en el estudio, análisis, emisión de recomendaciones y formulación de la propuesta de reforma de la Caja Fiscal.
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Los técnicos señalaron que la propuesta toma la experiencia de Uruguay y lo adapta a la realidad nacional, con la intención de generar consensos antes del envió de una propuesta formal de reforma del sistema al Congreso.
Igualmente tienen en cuenta la experiencia de otros países, como Chile y Ecuador, países que optaron por este tipo de comisión para generar una propuesta que sea validada socialmente de manera previa, indicaron.
Representación de los diversos sectores
En el proyecto se establece la representación y participación de todos los sectores intervinientes dentro del sistema (Poderes del Estado, cotizantes activos y jubilados de los diferentes sectores, academia y sociedad civil).
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Además, refiere que entre las principales funciones de la comisión (que tendrá un plazo máximo de vigencia de 12 meses) serán el diagnóstico de la situación actual, la revisión de la experiencia nacional e internacional y la formulación de la propuesta de reforma a ser enviada al Ejecutivo para su remisión al Congreso, entre otras.
En principio, Hacienda debía incluir algunos ajustes en los parámetros de la Caja Fiscal como medida de transición para mitigar el déficit, pero no hubo ninguna mención sobre este punto.
Nota del año pasado sobre cambios en los párametros
Una nota que Hacienda había remitido al Senado en julio de 2022 advertía que la Caja Fiscal presentaba una situación crítica con relación a su sostenibilidad financiera y actuarial, lo cual implica que, de no realizarse los ajustes necesarios, el sistema enfrentará en el corto plazo problemas para el cumplimiento de los actuales y futuros beneficios, constituyéndose en un riesgo cada vez mayor para las finanzas públicas del país.
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La nota incluía un análisis de la situación de la Caja Fiscal y planteaba ajustes a los parámetros para su discusión en el Congreso. Por ejemplo, se planteaba, elevar de 16% a 20% la tasa de aporte para los funcionarios activos de los sectores deficitarios (docentes y fuerzas públicas), y que la jubilación ordinaria de los docentes sea a los 55 años y con 25 años de aporte.
Proyecto similar fue aprobado en el Senado
El proyecto a ser remitido por el Ejecutivo se sumará al proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, que también crea una comisión y tendrá a su cargo el estudio de la situación financieras de las cajas de jubilaciones del sector público y proponer un proyecto de ley de reforma en un plazo máximo de 12 meses.
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La Caja Fiscal cerró el primer semestre del año con un déficit acumulado de G. 526.769 millones (US$ 72,2 millones), que representa un 23% de diferencia entre el aporte realizado y los pagos de los beneficios.
El saldo rojo se financia en gran parte con los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos pagados por la ciudadanía y, en menor medida, con los recursos de los sectores superavitarios.