En conferencia de prensa este martes, Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció medidas para “transparentar” las transferencias de recursos monetarios a beneficiarios, en respuesta a la detención de un funcionario ministerial que supuestamente pidió un soborno a una municipalidad para agilizar un desembolso.

El lunes, la Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas, entre ellas un funcionario del Ministerio de Economía, por un supuesto pedido de coima para agilizar los trámites de transferencia de recursos para municipios con patrimonio histórico a la Municipalidad de Trinidad, cuyo intendente realizó la denuncia.

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El viceministro Lovera explicó que, con fin de evitar situaciones de ese tipo en el futuro, se establecerá un calendario fijo para las transferencias, con el objetivo de “trabajar de forma previsible con los beneficiarios”.

Según el cronograma, todas las solicitudes de transferencia de fondos de Fuente 10 hechas a la Dirección General del Tesoro serán canceladas a más tardar ocho días después de su ingreso, mientras que las transferencias de fondos de Fuente 20 ó 30 se harán todos los martes o jueves posteriores al ingreso de la solicitud.

Además, indicó que el Ministerio de Economía publicará todos los viernes las transferencias que serán realizadas la siguiente semana.

El viceministro explicó que ese cronograma se mantendrá hasta noviembre, pero que en diciembre podría haber cambios debido al alto número de transacciones como aguinaldos o bonificaciones a jubilados a ser desembolsadas.

Ministerio de Economía: “Cero tolerancia” ante hechos de corrupción

El viceministro Lovera lamentó que el Ministerio de Economía -anteriormente Ministerio de Hacienda-, al que calificó como “una de las instituciones de mayor prestigio del servicio público”, sea “manchado” por la actuación del funcionario detenido.

Señaló que el funcionario imputado, Orlando Meza, va a ser suspendido y apartado del cargo durante el proceso de la investigación por parte de la Fiscalía.

El viceministro reiteró que habrá “cero tolerancia” ante hechos en que “el funcionario se vincule con los beneficiarios de transferencias y exija algún pago”, resaltando que “no debe existir ningún pago relacionado a agilización” de trámites.