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En un comunicado el Partido Democrático Progresista (PDP) sentó postura respecto al polémico proyecto advirtiendo que el plan pretende otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía.
Detallan que estas facultades no solo se darían para gestionar préstamos o emisión de bonos hasta 600 millones de dólares y para ampliar el presupuesto del 2023, sino también para reorientar recursos provenientes de vacancias de funcionarios públicos, recursos del Fonacide, cánones de licencias de juegos de azar y créditos no utilizados de empréstitos nacionales aprobados para gastos corrientes.
Señalan igualmente que la ley de ser aprobada concederá al Ejecutivo la atribución de modificar el presupuesto, suscribir contratos de préstamos y aceptar donaciones sin la aprobación del Congreso Nacional. Igualmente, propone aumentar el déficit fiscal al 4,1% del PIB, exceptuando nuevamente la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De acuerdo con lo expresado por el PDP, la propuesta presenta cuestiones que son incompatibles con normas constitucionales y legales. Primero, que la Constitución establece en el artículo 3° que “Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público…”.
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En consecuencia, no es posible otorgar al Poder Ejecutivo facultades que constitucionalmente corresponden al Congreso, como realizar ampliaciones y adecuaciones presupuestarias, aprobar la emisión de bonos y los préstamos. Además, sostienen que las potestades de ampliación presupuestaria planteadas tienen un monto y objeto indefinidos, es decir, cheque en blanco prácticamente