Con una ley, buscan prohibir la instalación de granjas de criptominería

Senadores colorados -disidentes y oficialistas-, liderados por Colym Soroka, presentaron un proyecto de ley “que prohibe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”, y ya desató polémicas entre inversores extranjeros y en la propia ANDE.

Repercusión al proyecto de ley de prohibir la criptominería en el país.
Repercusión al proyecto de ley de prohibir la criptominería en el país.Captura de partalla

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El miércoles 10 de abril está previsto que se trate en la Cámara de Senadores el proyecto de ley “que prohibe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”, cuya autoría es del parlamentario Colym Soroka, apoyado por un grupo de senadores colorados, entre quienes figura el hermano del director general paraguayo de Itaipú, Javier Zacarías Irún. Entre otros, los firmantes son Erico Galeano, Lilian Samaniego, Norma Aquino (Yamy Nal), Blanca Ovelar, Lizarella Valiente y Juan Eudes Afara.

El proyecto, en su exposición de motivos, señala que “la criptominería sigue siendo una actividad que va aumentando en número en Paraguay, aunque las operaciones de minería están funcionando al margen de la ley, incluyendo el robo de energía eléctrica”.

Menciona que la ANDE “ha estado trabajando para combatir estas conexiones ilegales y ha establecido una tarifa específica para la actividad de la minería de criptoactivos”.

Reconoce que, por decreto N° 7824/22 del Poder Ejecutivo, rige una reglamentación especial por la cual la ANDE establece una tarifa específica para la actividad de la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers. Sin embargo, dice, este decreto no regula la actividad, sino sólo el suministro de energía eléctrica.

Sostiene el escrito que “tan solo en Alto Paraná, hasta febrero se registraron casi 50 casos de sustracción de energía eléctrica, vinculados a la minería de criptomonedas, actividad que demanda un considerable consumo de electricidad. Esta actividad ilícita genera importantes pérdidas para la ANDE, provocando un daño patrimonial cada vez mayor por la energía no facturada”.

Añade que, según estimaciones declaradas por la máxima autoridad de la ANDE, el perjuicio que causa cada una de las “granjas de criptomonedas” clandestinas oscila entre los 500 y 700 millones de guaraníes por mes. “De lo que resulta que, haciendo un simple cálculo matemático, de un solo departamento del país como Alto Paraná, poniéndolo como ejemplo, en el que se han descubierto hasta febrero de 2024 más de cincuenta locales dedicados a los criptoactivos, en un año podrían producir perjuicios patrimoniales a esta empresa del Estado de entre 300.000 y 420.000 millones de guaraníes en un año, o alrededor de 60 millones de dólares”.

Agrega que las conexiones clandestinas de granjas de criptomonedas en Paraguay han sido identificadas como una causa significativa de cortes de energía eléctrica, por lo tanto, proponen que este proyecto de ley, en su artículo 3, prohíba temporalmente en territorio nacional la creación de nuevos criptoactivos y/o criptomonedas y la instalación de nuevas granjas de criptominería. Asimismo, que suspenda las actividades de conservación y almacenamiento de criptoactivos y/o criptomonedas que requieran para tal efecto energía electrointensiva de la red eléctrica nacional.

En su artículo 4 se lee que la prohibición y suspensión establecidas en el Artículo 3 regirá por 180 días o hasta que una ley que regule específicamente la actividad de criptoactivos o criptomonedas y la ANDE garanticen la infraestructura y recursos técnicos-operativos para proveer energía eléctrica conforme las reales demandas de consumo de las granjas de criptomonedas, sin afectar a los demás usuarios del sistema eléctrico del Paraguay.

Perjudicará a la ANDE, sostienen

El proyecto de ley presentado por los senadores colorados perjudicará a la ANDE, indicaron fuentes técnicas de la institución, dado que solo en depósito de garantías tienen unos US$ 20 millones. “¿Vamos a tener que devolver todo”, dijo uno de los directores de la estatal. Cabe recordar que la ANDE tiene contratos firmados con 45 criptominerías que operan en el país de forma legal y suman 680,7 MW de potencia contratada, casi la capacidad de una unidad generadora de Itaipú.

Propuesta legislativa tiene gran repercusión mundial

“La absurda ley Soroka repercute mundialmente, nos deja como un país bananero”, criticó el especialista del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo. Dijo que cree que este grupo de senadores prefiere que el Paraguay no venda su energía excedente a nivel local por tres veces lo que nos paga el Brasil por cesión de energía.

“La ley Soroka no solo criminaliza a todos los ciudadanos que poseen activos digitales; además va a crear una pérdida para la ANDE de más de US$ 86 millones en seis meses, va a ahuyentar la inversión extranjera y nos condena a seguir cediendo nuestra energía a precio de banana por 10 años más al Brasil”, cuestionó.

El Ing. Cristaldo sostiene que este grupo de senadores está “operando en contra de la posibilidad de vender nuestra energía a precio de mercado y beneficiar una vez más al Brasil con energía paraguaya barata. Soroka atenta contra los más altos intereses del Paraguay”.

El proyecto de ley -que fue presentado el miércoles último y será tratado con moción de preferencia el próximo miércoles- tuvo repercusión a nivel internacional, dado que existen importantes empresas operando e instalándose actualmente en el país para dedicarse a la criptominería de forma legal.

Recientemente el presidente de la República, Santiago Peña, incluso visitó las instalaciones de Penguin. Y en enero pasado, Bitfarms Ltd., una empresa minera global de Bitcoin integrada verticalmente, anunció que completó la compra de terrenos para su nueva instalación de producción de 100 MW (casi la mitad de lo que produce la Central Acaray), en Yguazú.

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