En los últimos años se vio el boom de la criptominería en Paraguay, una actividad que requiere un alto consumo de energía eléctrica, y que está siendo incluso vista como una opción válida para usar el excedente paraguayo de las hidroeléctricas binacionales. Pero la criptominería que no paga la tarifa establecida por la ANDE (este Grupo Intensivo Especial debe abonar en dólares, con garantías y por adelantado) es considerada irregular. Y peor aún, están aquellas que realizan esta actividad de manera clandestina y robando la energía eléctrica, situación que es perseguida y denunciada por la empresa estatal.

Ya son más de 64 las denuncias hechas por la ANDE de las criptominas ilegales, y son casi 50 las que operan de forma legal en el país, utilizando el equivalente a casi toda la potencia de una unidad generadora de Itaipú, que es de 700 MW.

En este contexto, los parlamentarios presentaron recientemente tres proyectos de leyes que buscan regular la criptominería en el país, una de ellas en el Senado y las otras dos en Diputados. La iniciativa parlamentaria de la Cámara Alta quiere prohibir temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo. Fue presentado por el parlamentario Colym Soroka, apoyado por un grupo de senadores colorados, entre quienes figura el hermano del director general paraguayo de Itaipú, Javier Zacarías Irún.

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El proyecto generó controversia a nivel local y también internacional, dado que hay empresas extranjeras con millones de dólares invertidos actualmente en el país en este negocio, que en el Senado decidió primero convocar a una audiencia pública, que se realizará este martes 23 de abril.

En el proyecto incluso se lee que la prohibición y suspensión establecidas regirá por 180 días o hasta que una ley que regule específicamente la actividad de criptoactivos o criptomonedas y la ANDE garantice la infraestructura y recursos técnicos-operativos para proveer energía eléctrica conforme a las reales demandas de consumo de las granjas de criptomonedas, sin afectar a los demás usuarios.

El día que se debatió sobre este proyecto, finalmente se aprobó una declaración del Senado que insta al Poder Ejecutivo a estudiar a profundidad las ventajas económicas que representaría vender a precio de mercado nuestro excedente energético a industrias tecnológicas, incluyendo la de criptominería y electrointensiva.

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Consumo, impuestos y trabajadores

Debido al perjuicio que causan las criptomineras ilegales, la Cámara de Senadores aprobó cinco pedidos de informes a diversas instituciones del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público relacionados con esta actividad. Buscan saber sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras, el pago de impuestos de estas y los trabajadores inscriptos en la seguridad social. También acerca del cumplimiento de la legislación ambiental por parte de estas y su impacto en el ambiente.

Proyectos buscan aumentar penas y regir las divisas

En la Cámara de Diputados hay dos proyectos de leyes relacionados directamente con la criptominería: uno de ellos busca elevar las penas para los que roban la energía eléctrica para realizar esta actividad y el otro pretende regular la moneda virtual, así como la creación de una divisa digital nacional y el régimen de los activos digitales.

Regular la moneda virtual

El diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) presentó el proyecto de ley que busca la regulación de la moneda virtual en el país, la creación de una divisa digital nacional y del régimen de los activos digitales, actividad económica reconocida y aceptada en la economía internacional, según el documento que presentaron al titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

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El proyecto legislativo resalta que la ausencia de un control y presencia estatal en el mundo de la actividad bursátil virtual permite la evasión impositiva cuando no pudiese detectarse la registración de las operaciones o bien que las partes acuerden un valor ficticio a las transacciones.

El proyecto de ley cuenta con 60 artículos, en los que se propone que toda criptomoneda utilizada en el espacio virtual podrá circular, interactuar e integrarse dentro de la República como un medio digital de intercambio, de pago y cancelación, bajo criptografía fuerte que asegure las transacciones, controle la creación de unidades adicionales y verifique la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido y aceptados en la economía global.

Elevar pena y Senabico

Por otra parte, el diputado colorado, Alejandro Aguilera, presentó el proyecto de ley “Que modifica parcialmente el artículo 173 de la Ley N° 1160/97 del Código Penal”. Esta iniciativa pretende que la pena por sustracción ilegal de energía eléctrica, que tenga relación con criptominerías, sea de 6 años, y en los casos especialmente graves, 10 años. Actualmente, la pena privativa de libertad máxima es de tres años.

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Asimismo, propone que los bienes incautados, objeto de comiso, serán administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). “La propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en el momento en que la sentencia quede firme”, apuntó.

Además, el mismo diputado presentó un pedido de informe al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, sobre la cantidad de denuncias ingresadas al Ministerio Público, referidas a la sustracción de energía eléctrica en forma ilegal que guarden relación con la criptominería. Asimismo, pide la identificación de los fiscales asignados a dichas investigaciones.

Hasta ahora, solo hubo una condena por el delito de sustracción de energía eléctrica para abastecer a una “granja” que se dedicaba a la criptominería.