Suman los pedidos para ampliar el presupuesto

Los pedidos de ampliación presupuestaria pueden ser presentados al Ministerio de Economía entre abril y junio, de tal forma a que la cartera evalué los fundamentos y los recursos disponibles, para determinar si se remitirá a consideración del Congreso para su aprobación.

La cartera tiene hasta el 30 de julio como fecha tope de presentación de estos pedidos de ampliación al Congreso, instancia que no tiene fecha límite para expedirse sobre las solicitudes.

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Los datos extraoficiales señalan que el MEF ya recibió numerosos pedidos desde que empezó el mes de abril, de tal modo aumentar los gastos en el segundo semestre del año, aunque el monto no trascendió.

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Ampliado en el primer trimestre

Estos pedidos pendientes se suman a los incrementos ya registrados en el primer trimestre del año e incorporados al presupuesto de la administración central.

La suba incorporada de enero a marzo representa poco más de G. 1,2 billones (US$ 172,6 millones), que equivale a 1,9% más con respecto al monto inicial.

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En enero la administración central empezó a ejecutar un presupuesto de G. 66,3 billones (US$ 9.008 millones), pero al cierre del mes de marzo subió a G. 67,6 billones (US$ 9.181 millones).

Según el informe del MEF, la diferencia se explica mayormente por el aumento en bienes de consumo e insumos, en virtud a la Ley N° 7.218/2023 por la cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las Finanzas Públicas y el Decreto N° 1.278/2024, para pagos de productos farmacéuticos y medicinales, materiales médicos, entre otros.

Los entes que registran aumentos

Las entidades que registraron aumentos son los siguientes: la Presidencia de la República recibió G. 24.000 millones; el Ministerio de Economía, G. 1.000 millones; el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), G. 99.000 millones.

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El Ministerio de Salud Pública, más de G. 1 billón; el Ministerio del Ambiente, G. 3.000 millones, y el Ministerio de Desarrollo Social, G. 22.000 millones.

También recibieron aumentos la la Corte Suprema de Justicia, G. 22.000 millones; y el Ministerio Público, G. 43.000 millones.