En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Pastor Soria, titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), defendió un proyecto de ley que, según explicó, busca una solución al problema de la producción ilegal de semillas, pero que ha sido criticado por gremios productores que afirman que el Gobierno pretende “criminalizar” el uso de semillas.
Explicó que, según estadísticas que maneja el Senave, solo un 40 por ciento del total de semillas utilizadas en Paraguay –principalmente de maíz y soja– están legalmente certificadas, lo que representa un problema para las empresas que producen las semillas, que acaban siendo “falsificadas”.
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“Acá hay empresas que falsifican semillas; bolsa blanca le llaman. Tenemos que ver cómo podemos hacer más justo todo para la gente que quiere venir a invertir y desarrollar genética en Paraguay”, agregó.
Señaló que la actual ley que regula el uso de las semillas en Paraguay data de 1994, por lo que es necesario actualizar la legislación teniendo en cuenta el contexto de los nuevos avances técnicos y científicos en la materia.
Proyecto no apunta a pequeños productores, afirma
El titular del Senave negó que la intención del proyecto de ley sea requisar semillas de pequeños productores o negarles la posibilidad de guardarlas para próximas siembras.
Afirmó que la instrucción del presidente Santiago Peña es “atender mejor al pequeño productor” y que el proyecto de ley no apunta a ellos, sino a la gente que compra semillas sin certificación en gran escala, para sembrar 500 o 1.000 hectáreas.
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“Soy consciente de que las multinacionales están fuertes; siempre voy a jugar a favor del pequeño productor”, dijo.
Insistió, sin embargo, en que es necesario dar garantías legales a las empresas internacionales que quieran invertir en Paraguay “de que se van a respetar sus semillas”.
Indicó además que la comercialización de semillas no certificadas trae de la mano un problema de evasión de impuestos que el Gobierno no puede ignorar.
Soria enfatizó que el proyecto de ley aún está en etapa de debate y que se invitará a los gremios para realizar los ajustes y las correcciones que puedan ser necesarios.