El jueves último, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) entregó, formalmente, a la ANDE los bienes incautados en el marco de la causa penal N° 1345/24, relacionada con la sustracción de energía eléctrica en Santa Rosa del Aguaray. La entrega se realizó en el depósito de la ANDE, bajo la supervisión del agente fiscal Jorge Encina, perteneciente a la Fiscalía Zonal de Santa Rosa de Aguaray, de la Unidad Penal N° 4.
Según la ANDE, esta acción se fundamenta en el Art. 2° de la Ley N° 7300, que busca proteger la integridad del sistema eléctrico y establece mecanismos para la incautación y comiso de bienes vinculados con los delitos relacionados.
Los bienes entregados incluyen dos transformadores (2.250 kVA), cuatro gabinetes con accesorios, dos contenedores con accesorios de refrigeración, 24 electroventiladores y 511 equipos procesadores de datos.
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Consultado sobre qué hará la ANDE con estos equipos, el asesor jurídico de la institución, Nelson Medina, señaló que la Senabico entregó a la ANDE los bienes incautados en caracter de administrador provisional de los mismos. “Nuestros técnicos están evaluando el uso que podría darse a los mismos, interín exista una resolución judicial que disponga el comiso de los equipos y se proceda a la subasta correspondiente”, indicó.
La entrega fue formalizada por representantes de Senabico, entre ellos la directora de Investigación Preliminar y Recepción de Bienes, Rosa Capello y la encargada de Convenios y Acuerdos, Mariela Pita. Por parte de ANDE estuvieron presentes el jefe de la División de Intervenciones Estratégicas, Ing. Juan Toledo, el jefe de la Oficina de Asuntos Penales, Óscar Chávez; de Asesoría Legal, Isaac Bogado, y la jefa de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, María Elizabeth Ibarra.
El 7 de agosto último, tras una verificación y control realizados en el barrio Estela Maris, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, funcionarios técnicos de la ANDE encontraron una irregularidad en al conexión, correspondiente a una derivación en Media Tensión con medidor. Se trataba del suministro con NIS 1983885 y cuyo titular corresponde a la empresa Prosal S.A., que se dedica a la actividad de criptominería, y en la que registraron una sustracción de energía eléctrica, según la ANDE.
Ante la detección de esta irregularidad, la empresa estatal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Turno de la Unidad Penal N° 4, a cargo del abogado Encina, por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica. Fue en el marco de la Ley N° 7300/2024 “Que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a hechos punibles y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal”. Tras la denuncia, con orden del juez penal de garantía Agapito Nuñez, se allanó el inmueble.
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De acuerdo con el informe posterior de la ANDE, en el momento de la verificación detectaron una diferencia de carga que no registraba el medidor, en un promedio de 43 Amper por fase en Media Tensión, que equivale a una diferencia de carga total de 1.726 kW y que representa un daño patrimonial estimado de G. 567.000.000 de manera mensual. Según ley 966/64, este monto deberá ser abonado por los responsables de la sustracción de energía eléctrica, y que además se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
Posteriormente, con el respaldo y acompañamiento de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta, en la tarde del 9 de agosto se inició el traslado de los equipos incautados durante la intervención.