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Criptominería causaba un daño patrimonial de G. 139 millones a la ANDE

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Intervención de inmueble dedicado a la criptominería con conexión eléctrica clandestina en Presidente Franco.
Intervención de inmueble dedicado a la criptominería con conexión eléctrica clandestina en Presidente Franco.Gentileza

La ANDE y la Policía Nacional intervinieron un inmueble dedicado a la criptominería con conexión eléctrica clandestina, en Presidente Franco, departamento de Alto Paraná. El daño patrimonial para la ANDE fue estimado en G. 139.830.072.

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En un trabajo conjunto de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Policía Nacional derivó en un operativo de verificación y control en el barrio Santa Inés, de Presidente Franco, Alto Paraná. Allí identificaron un inmueble conectado en forma clandestina a la red de baja tensión de la institución.

El inmueble intervenido es propiedad de Dennis Augusto Britez Godoy, quien actualmente no forma parte del grupo de clientes de la ANDE. El establecimiento contaba, en el momento de la verificación, con una conexión directa a una acometida de 4x10 mm², que utilizaba una carga promedio de 61,2 A, según detalló la empresa estatal de electricidad.

La residencia operaba como centro de criptominería en baja tensión, sin ningún tipo de medición. Esta situación fue denunciada ante el Ministerio Público de Ciudad del Este, bajo la Unidad Penal N.º 9, con la causa N.º 17483/24.

Tras la inspección y la firma del acta de constatación del hecho, funcionarios de la ANDE y de la Policía pudieron acceder al inmueble en el que comprobaron el supuesto hecho punible de sustracción de energía eléctrica.

En el reporte de la ANDE se lee que el propietario entregó voluntariamente siete máquinas que utilizaba para la criptominería y otros elementos relacionados, los cuales fueron incautados por el Ministerio Público conforme a la Ley N.º 7300/24.

La irregularidad detectada representa un daño patrimonial para la ANDE estimado en G. 139.830.072. Este monto, sumado a los gastos de intervención y a la multa correspondiente, deberán ser abonados por el responsable.

“La ANDE sigue firme ante este tipo de ilícitos, que afectan la calidad del servicio eléctrico en la zona y generan un impacto negativo en las finanzas de la empresa, perjudicando a todos los usuarios del sistema eléctrico nacional”, reiteran desde la estatal.

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